Autor: Francisco Pedrazzi | Integrante del grupo de Instituciones por el Etiquetado Energético de Viviendas.
Argentina no es ajena a las predicciones sobre los efectos del cambio climático, que se evidencian con los incendios en Córdoba, en Corrientes, con sequías, bajantes de ríos, etc. Los expertos y estudios indican que para que esta situación no se agudice se deben realizar cambios en la forma de usar los recursos del planeta, como es la tierra, los bosques y la energía, entre otros. Nuestro país no ha podido desarrollar hasta el momento una cultura del ahorro de energía sólido y sostenido en el tiempo debido a muchos años de subsidios que ocultaron los costos reales. Pero hoy, además de la desaparición de los subsidios, las nuevas generaciones presionan por reducir las emisiones de CO2 y en esto la eficiencia energética de las viviendas cumple un papel fundamental. En Europa, por ejemplo, se ha avanzado muchísimo hacia la obligatoriedad de construir las viviendas nuevas con valores casi nulos de energía necesaria para su operación; como así también el etiquetado de eficiencia energética como herramienta obligatoria hace varios años. Cualquier publicación en la que se oferte una vivienda usada, ya sea en venta o alquiler, debe informar la etiqueta de la misma. Inclusive, en la mayoría de los países europeos y por cumplimiento de las directrices de reducción de emisiones, a partir de 2019 las viviendas nuevas que se construyen deben ser NZEB (Nearly zero-energy buildings), que sería el equivalente a una etiqueta A de la Argentina, (el nivel más eficiente de uso de energía).
En nuestro país para lograr estas obligaciones y cumplimientos en el ámbito de la construcción es urgente contar con un marco regulatorio nacional como así también tener una fuerte voluntad política de realizar los cambios necesarios en cuestiones de eficiencia energética. Fundamentalmente se trata de desarrollar leyes provinciales que hagan obligatorio el etiquetado de eficiencia energética de viviendas. Estas leyes no obligan a construir con una determinada etiqueta, pero sí establecen incentivos impositivos de acuerdo a la letra de la vivienda. En este momento el país cuenta con más de 1000 profesionales matriculados como etiquetadores, que son los que pueden emitir la etiqueta, pero también se necesita capacitar a más.
No hay otra forma posible de impulsar al etiquetado energético de viviendas si no es a través de leyes que primero obliguen a etiquetar las viviendas nuevas, y luego, que dichas viviendas, tengan una etiqueta de bajo consumo de energía. También resulta importante y necesario hacer conocer a los usuarios finales cuánto será el ahorro que podrán conseguir usando diferentes estrategias de ahorro y trabajar en el aumento de la conciencia ambiental, ya que muchos no saben que ahorrando energía contribuimos a mitigar los efectos del cambio climático. Esto es en gran medida responsabilidad de organizaciones ambientales, pero también de las facultades de Arquitectura e Ingeniería, que deberían incluir el ahorro de energía en sus currículas, para que los futuros profesionales ya posean esta conciencia ambiental y la puedan transmitir en sus trabajos y a sus clientes. Una vivienda eficiente energéticamente no sólo hace ahorrar dinero a sus habitantes, sino que también beneficia al medio ambiente y en definitiva a nuestro futuro.
En un momento del país en que comienza la reducción de subsidios a la energía, el etiquetado de viviendas obligatorio comenzaría a crear conciencia en los usuarios sobre el ahorro de energía, y sus consecuencias no sólo en su bolsillo sino en el medio ambiente, dado que en nuestro país la energía primaria procede mayoritariamente de la quema de combustibles fósiles, con la consecuente reducción de emisiones.
Por otra parte generaría un incremento de empleos relacionados con la mejora de las envolventes (techo, muros y piso), el reemplazo de aberturas por otras eficientes, además de movilizar las industrias relacionadas con las aislaciones térmicas.
Asimismo, el ahorro de energía para el Estado significaría una reducción o directamente eliminación de importaciones de gas, y menos inversiones para el aumento de la capacidad de generación de energía, pudiendo destinar estos recursos a viviendas, hospitales, escuelas o infraestructura.