Sancionada el 19 de abril de 2006, la Ley 26.093 (y su normativa complementaria) estableció las mezclas mínimas obligatorias de biodiesel y bioetanol en el gasoil y las naftas respectivamente que se comercializan dentro del territorio nacional. Inicialmente, la mezcla se fijó en el 5% para todos los biocombustibles a partir del primero de enero de 2010. Luego esos porcentajes fueron incrementándose hasta llegar a los valores de hoy: 10% para biodiesel y 12% para bioetanol. En este último caso, se reparte en partes iguales entre el derivado de cereal y el de caña de azúcar.
Para avanzar con el referido anteproyecto de Ley, la Liga Bioenergética designará una comisión redactora que estará integrada por cinco miembros. En diálogo con Veronica Geese, Secretaria de Estado de Energía de Santa Fe, persona que coordina la agenda de esa organiación, manifestó que “se está buscando que este anteproyecto tenga un gran consenso entre todos los actores”. Destacó que “se intentará afinar aspectos técnicos, cuestiones operativas e incorporar el biogás dentro del régimen.” La política de biocombustibles ha resultado estratégica para el país. Desde su implementación, ha permitido sustituir la importación de 9 mil millones de litros de gasoil y 5 millones de litros de nafta, lo que derivó en un ahorro de divisas por un valor superior a los U$S 6 mil millones. En este lapso, las exportaciones de biodiesel treparon a 15 millones de toneladas, registrando ingresos superiores a los U$S 13 mil millones.
La producción de biodiesel es un importante sostén para los precios de la soja y su harina -el principal producto de exportación argentino. Permite absorber el 30% de la producción de aceite y evitar que se destine a un mercado prácticamente saturado. Argentina es el principal exportador mundial de aceite de soja, siendo responsable del 50% del comercio mundial, donde la mitad de sus exportaciones tienen como destino a un único país, la India.
En el NOA, el bioetanol de caña se ha convertido en un importante sustento para su principal sector, minimizando la necesidad de exportar los excedentes de azúcar a precios por debajo de los costos de producción. Similar es el caso de las zonas donde se han instalado las refinerías de maíz. La mayor demanda del cereal ha llevado a que los precios se ubiquen muy por encima de la paridad de exportación, traduciéndose en ingresos adicionales a los productores locales.
La quita de subsidios que el Estado Nacional aplicó al gasoil utilizado en el transporte de pasajeros de corta distancia desde el 1 de enero de este año ha despertado el interés por el uso voluntario de biodiesel -más baratos que sus equivalentes fósiles. Aunque la reglamentación vigente no impide el uso de mayores cortes que los establecidos para las petroleras, existe un alto grado de confusión que dificulta su implementación. Sobre este punto había comenzado a trabajar el Exsecretario Iguacel antes de su renuncia. Mientras la falta de definición de parte de la cartera de Energía se dilata, siguen apareciendo pequeñas plantas marginales sin los mínimos requisitos de higiene y seguridad. Muchas de estas iniciativas han sufrido graves incidentes, algunos hasta con víctimas fatales con este tipo de iniciativas.
Con la idea de avanzar en materia de reglamentación, representantes de La Liga Bioenergética estarán participando en marzo de una misión institucional a Brasil donde buscarán conocer en detalle la implementación del programa RenovaBio (ver una política de estado en favor de los biocombustibles en Brasil). Brasil es líder en el uso de biocombustibles en transporte, con una participación por encima del 45% de etanol en el mercado de la gasolina y del 10 % de biodiesel en el de gasoil. Habiendo introducido este biocombustible varios años más tarde que Argentina, hoy cuenta con un corte del 10%, que llegará al 15% en 2023.
El camino para instalar los biocombustibles no fue nada fácil, recuerda Claudio Molina, uno de los principales colaboradores en la redacción de la Ley 26.093. “Llevó varios años de trabajo alcanzar el consenso de todos los actores interesados, pero finalmente se logró la sanción de dicha Ley con un altísimo grado de aprobación legislativa, en un hecho histórico.” De lograr consensos dependerá el futuro de un complejo que en poco más de 10 años instaló 57 plantas – de las cuales más de 40 son pymes de capitales nacionales – en 10 provincias argentinas.
Fuente: Clarín Rural
