En el recinto de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se votó el día de ayer una modificación a una ley que hace tiempo genera controversia, la Ley de Basura Cero. La misma existe desde 2005 y se intenta modificar algunos artículos que podrían provocar un gran impacto en el medio ambiente y en diversas fuentes de trabajo.
En el año 2005 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires discutió la ley 1.854 denominada “Basura Cero”, que recién fue reglamentada en el 2007. En la misma se trazan como principales objetivos la minimización de los residuos, concientización, integración de los Recuperadores Urbanos, incorporando nuevas tecnologías para el tratamiento de la basura, entre otros, pero además continuaba la prohibición de 1976 sobre la incineración de basura. En el día de ayer esa ley se modificó en medio de una agitada sesión parlamentaria.
La reforma más polémica es en torno a la eliminación de la prohibición de incineración de basura, debido a que el Gobierno de la ciudad piensa crear plantas de termovalorización, que incineran los residuos a altas temperaturas, regenerando energía y reduciendo los mismos al 95%. El problema se forja debido a que a nivel mundial existen grandes cuestionamientos con respecto a los impactos ambientales sobre estos tratamientos.
Los defensores del proyecto, como Mercedes De Las Casas, sostienen que “la reina de Holanda tiene una de estas plantas frente a su castillo”, haciendo alusión a lo limpias y no tóxicas que son. Es válido el planteo, ya que en Europa y en países muy interesados por el cuidado ambiental, como Japón, este sistema es usado incluso reutilizando las cenizas para ganar terreno al mar.
Lo cierto es que en la ley hay muchos términos con vaguedad y es poco precisa sobre los procedimientos, dejando lugar a muchas dudas en un tema tan delicado. No hay mención sobre las normas internacionales que regulan las de emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero), no se aclara sobre el destino final de algunos productos como las cenizas, aparte de la falta de mención sobre controles en general, de vital importancia conociendo los numerosos ejemplos de malos controles que suceden en Argentina. Y si bien dichas modificaciones podrían ser introducidas en una correcta reglamentación, no se ha hecho mención de ellos por parte de sus propulsores. Y si suponemos que el Gobierno tenga las mejores intenciones y realice los procesos con el mayor de los cuidados, nos queda analizar qué sucedería si con un eventual cambio de gobierno no se realizan de ese modo. Por ese motivo la ley debe ser clara y específica para poder protegernos como ciudadanos de las posibles actuaciones erróneas del Estado en la actualidad y en un futuro.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN en Nueva Ciudad, destacó que: “ese proceso va a tener mucho impacto y muchos costos. El impacto ambiental de la incineración: emisiones gaseosas que dependiendo de los residuos que están en el incinerador van a producir emisiones de dioxinas y furanos, componentes peligrosos y cancerígenos. Y grandes cantidades de residuos peligrosos que son las cenizas que quedan en el fondo del incinerador. Requieren de una disposición muy específica, con un elevadísimo costo. Y hay otras cuestiones como la competencia entre un incinerador contra el reciclado. Porque el incinerador no está puesto para mejorar la gestión de los residuos, está puesto para producir energía y la inversión de quienes promuevan el incinerador va a ser para cobrársela con energía. No para mejorar la gestión de residuos. Eso es algo que le compete al Gobierno, pero al señor que ponga el incinerador lo que le va a importar es la energía que produzca. Ahí se va a producir una competencia bastante grande con el material reciclable. Porque el incinerador necesita alimentarse todo el tiempo.”
El otro foco de conflicto es en relación al trabajo, ya que 6.000 personas de manera directa, divididas en 12 cooperativas, tienen como fuente laboral la recolección y reciclado de residuos y si bien este tipo de sistemas pueden funcionar perfectamente en conjunto y hasta se articula la prohibición de quemar cartón, vidrio, papel u otros elementos reutilizables, sin una correcta separación de residuos dicha proscripción queda obsoleta, y solo será contrarrestable si el estado realiza las correctas campañas de concientización y una mejor gestión de basura. Algo que hasta el momento no ha sucedido. Es por ello que, como anticipó el director ejecutivo de FARN, se va crear una competencia despareja en la cual van a perder siempre los recicladores al enfrentar a las empresas del negocio energético.
Y el tercer punto a analizar es el costo de producción de esa energía, ya que un incinerador cuesta alrededor de 500 millones de dólares, al que además hay que agregarle todos los costos de producción y mantenimiento, lo que provocaría la eventual necesidad de subsidios a los cuales el gobierno nacional, dirigido por el mismo partido político, intenta eliminar definitivamente, generando una gran incoherencia.
¿Quiénes aprobaron esta ley? Todo el bloque oficialista de “Vamos Juntos” (compuesto por el PRO, Coalición Civica – ARI y Confianza Pública), con el apoyo de 2 legisladores, Marcelo Dipeirro (Mejor Ciudad) y Sergio Abrevaya (Gen). Mientras que los diversos bloques opositores entre los que se encuentran el radicalismo perteneciente a Evolución, votaron por la negativa. En consonancia con su bloque (Evolución), Marcelo Guouman enunció que “No acompañamos el proyecto oficial porque entendemos que se pretende presentar una solución mágica a un problema complejo. Nuevamente el Ejecutivo pierde la posibilidad de enriquecer su visión con los aportes de una oposición constructiva”.
Metas Incompletas
Para realizar los objetivos de la ley de Basura Cero, se delinearon metas de reducción de cantidad de residuos enviados a rellenos sanitarios del 30% para el 2010, 50% para el 2012 y 75% para el 2017, para finalmente en el 2020 prohibir la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables, tomando como base los niveles enviados al CEAMSE en 2004. Dichas metas no iban a ser cumplidas debido a que en 2017 recién se alcanzó el objetivo inicial para el 2010 (1.048.359 Toneladas de RSU enterradas por día), quedando muy lejos del pactado de 374.414 toneladas.
En consecuencia se decidió modificar el plan de metas, que queda transcripto de la siguiente manera: “Un 50% para el 2021, de un 65% para el 2025 y un 80% para el 2030, tomando como base los niveles enviados al CEAMSE durante 2012”. Lo cual para la oposición es patear la pelota para adelante y no darle una real solución, ya que en países donde funcionan sistemas como los que actualmente quiere implementar “Vamos Juntos”, el nivel de reciclado ronda el 50% mientras que en CABA solo es de 9%, siendo esta una cuestión clave para la reducción de niveles de residuos enviados y donde el Gobierno de la ciudad ha fallado.
La Dra. Lorena Alvarez, especialista en Medio Ambiente, nos comenta que: “Para lograr los objetivos atrasados y que se cumpla con la ley deben fortalecerse la separación en origen, la recolección diferenciada de residuos y los centros verdes de reciclado. Las dos primeras necesitan de una eficaz implementación de políticas públicas mediante la concientización a los vecinos, una contenerización adecuada y el cumplimiento de los contratos para la gestión de residuos secos, suscripto entre el GCBA y las cooperativas de Recuperadores Urbanos en enero de 2013. Pero el gobierno tampoco cumplió con la Ley en el Artículo 39, donde mencionan que debe hacer campañas publicitarias de concientización”.
Debate en la Sesión Legislativa
El oficialismo casi en soledad defendió el proyecto, argumentando que habían dado la posibilidad y escuchado a todos los actores sociales y políticos. Además aclaran que por dicho motivo han modificado el proyecto de ley original.
De igual manera fueron los primeros en aclarar que esas plantas no matan (como indicaban los carteles de la oposición), ya que en países como Francia existen en la actualidad 112 de ellas, y no hay ningún dato o indicio que indique que la población está sufriendo algún tipo de intoxicación por la termovalorización.
Por su parte la oposición no permitió grises en el asunto, como lo destacado por Myriam Bregmandel PTS, diciendo: “Quemar basura mata, es un negocio, enferma, hace peligrar el trabajo de seis mil personas y de forma indirecta afecta a más de 20 mil personas”. Del mismo modo sus colegas pertenecientes a los diversos bloques opositores remarcaron que el proyecto no fue debatido como corresponde y que hubo persecución a quienes investigaron el tema y no dictaminaron a favor.
Su par de Unidad Ciudadana, Mariano Recalde, destacó: “hubo un gran fracaso en la separación de los residuos y en las campañas de concientización para la separación, no se cumplieron las metas y cuando eso ocurre uno trata de cambiar las herramientas para alcanzarlas y la verdad es que está ley nos da que pensar, pareciera que fue hecha adrede para obtener un nuevo mercado”, haciendo alusión a que la energía producida por estas plantas sería distribuida por empresas privadas.
Greenpeace hace tiempo intentaba poner en conocimiento de la gente el tema, mediante una campaña denominada “Quemar basura MATA”, argumentando que al quemar basura se emiten partículas tóxicas y cancerígenas al aire, cuyo grave estado actual genera 3 millones de muertes anuales, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de importantes impactos ambientales. En la sesión de hoy se hicieron presentes y tras finalizar la misma con la aprobación de la modificación Ley de Basura Cero, generaron disturbios encadenándose a la legislatura al ritmo de la marcha fúnebre.
Periodista: Juan Gear
Fuente: http://elcorreligionario.com/