Fue una de las últimas herencias que le legó el kirchnerismo a Mauricio Macri. Antes de dejar el poder, la presidenta Cristina Kirchner dejó en marcha el contrato para construir las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, la iniciativa de infraestructura más ambiciosa de la década. Pero la nueva administración se encontró con que el proyecto no contaba con un respaldo técnico suficiente, entre otras irregularidades. Y luego la Corte Suprema suspendió la iniciativa a pedido de dos ONG.
El resultado fue malo para el Estado: hasta el momento, la Argentina le pagó a China US$ 61 millones en intereses por un proyecto que casi no avanza, según recogió LA NACION de documentos oficiales. De ese total, una porción menor se giró en el epílogo de la gestión kirchnerista (US$ 6,9 millones, el 27 de julio de 2015), pero la mayor parte corrió por cuenta de la actual administración (US$ 13,39 millones el 28 de enero de 2016, US$ 20,04 millones el 27 de julio pasado y US$ 20,88 millones en enero de este año).
Aunque el desembolso por los intereses es menor en relación con los US$ 4714 millones que costará el proyecto, si se lo compara con una situación del mundo privado, salvando las distancias, sería como tomar un crédito para instalar una nueva línea de producción, pero demorar la obra, cuando lo que se necesita es que esté en marcha rápidamente para que genere los fondos que permitan afrontar la deuda.
El Gobierno está al tanto de la situación. En dos ministerios involucrados dieron una respuesta similar: el contrato con China, uno de los mayores socios comerciales de la Argentina, ya estaba en marcha cuando Macri llegó a la Casa Rosada. Romperlo tenía costos mayores. Más aún: China ya giró US$ 850 millones para financiar la construcción de las centrales. Entre el 6 y el 7% del contrato ya fue girado a la UTE a cargo de la construcción, conformada por la cordobesa Electroingeniería (que fue muy cercana al kirchnerismo), la china Gezhouba Group y la local Hidrocuyo. Allegados al consorcio explicaron que se trató de desembolsos para cubrir certificados menores de avance de obra.
El crédito provino de un acuerdo entre el ex Ministerio de Economía y los bancos China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China.
Cuando llegó Macri, se frenaron las certificaciones pendientes de pago hasta que se ajustaran temas relevantes tanto institucionales como técnicos, comerciales y ambientales. Luego la Corte sólo habilitó tareas preliminares hasta que se cumpliera con el estudio de impacto ambiental.
Las centrales estuvieron a punto de trastabillar al principio del mandato de Macri. El 22 de diciembre de 2015, el Presidente se reunió con Cristine Mc Divitt, la viuda del empresario Douglas Tompkins, que había cedido tierras al Estado para la protección de la Patagonia. Después de ese encuentro, Macri dudó de seguir con el proyecto. Ésa era la intención del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, que chocó con otros dos miembros del gabinete: su par de Energía, Juan José Aranguren, y la canciller Susana Malcorra.
Aranguren evaluó que la energía que producirían las centrales sería útil para mejorar la oferta eléctrica argentina, aunque consideró que tal como estaba no cumplía con las normas. Y Malcorra convenció a Macri de que el desplante a un socio importante generaría problemas diplomáticos.
El Gobierno revisó el proyecto y lo achicó. La potencia de la obra se bajó de 1740 MW a 1310 MW, pero entregando la misma cantidad de energía por año: 5100 Gw/h, entre otras cosas.
El Gobierno también debió renegociar las condiciones con la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. El contrato original contemplaba que el Estado garantizaba el financiamiento por el acuerdo con China, pero las centrales quedarían como propiedad provincial, algo que no ocurre en otros casos.
Después de los primeros entuertos, llegó la decisión de la Corte Suprema, que en diciembre del año pasado suspendió provisoriamente las obras mediante una medida cautelar dictada en el marco de una acción de amparo ambiental promovida por dos ONG. Esa decisión durará hasta que “se implemente el proceso de evaluación de impacto ambiental” y se realice una audiencia que se hará en el Congreso.
El estudio de impacto ambiental es el obsequio especial con el que espera contar el presidente Mauricio Macri para entregarle a su par chino, Xi Jinping, en la visita que le hará el 15 de este mes.
El 30 de marzo pasado la UTE presentó el estudio, que está a la firma de Aranguren. Debe contar con la aprobación, además, de Bergman, la Secretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz y el Ministerio de Producción de la misma provincia.
